El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e INISA (SUINAU) cuestionó la decisión judicial de disponer la internación por 30 días de las tres adolescentes imputadas por la agresión a la dirigente nacionalista Valeria Ripoll y a su hija.

A través de un comunicado, difundido el sábado 14 de noviembre, la organización sindical expresó su «más honda preocupación» por la medida y sostuvo que existen alternativas al encierro para abordar los riesgos vinculados a la investigación.

Las adolescentes, de 14 y 15 años, residían en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La Justicia dispuso su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), luego de imputarlas por dos delitos de lesiones personales y uno de violencia privada.

La resolución judicial tuvo en cuenta los riesgos para la seguridad de las víctimas y la posibilidad de que las adolescentes pudieran interferir en la investigación o influir sobre testigos.

El sindicato reclama medidas alternativas

En su pronunciamiento, el SUINAU recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el período más breve posible. «Existen medios y medidas cautelares alternativas y no privativas idóneas para salvaguardar eventuales riesgos procesales, sin que resulte admisible apelar al encierro de manera automática», expresó el gremio.

La organización también aclaró que su postura no busca minimizar la agresión ni desconocer los derechos de Valeria Ripoll y de su hija, sino plantear la necesidad de garantizar las garantías de todas las personas involucradas.

Cuestionamientos al sistema de protección

Uno de los aspectos centrales del comunicado apunta a la responsabilidad del Estado en la protección de las adolescentes, quienes antes del episodio se encontraban bajo la órbita del INAU. El sindicato cuestionó que jóvenes que estaban dentro del sistema de protección terminen en un centro de privación de libertad y sostuvo que deben analizarse sus trayectorias de vida, las situaciones de vulnerabilidad y la falta de respuestas institucionales. «La institucionalización permanente y el encierro no educan, ni reparan», señaló la organización.

Además, reclamó políticas de atención en salud mental, acompañamiento interdisciplinario y mayores recursos para los organismos responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes. Mientras continúa el proceso judicial, el SUINAU pidió a las autoridades que aborden la situación con responsabilidad institucional y prioricen soluciones que atiendan las causas de fondo.