La Cámara de Representantes resolvió remitir a Fiscalía documentación vinculada a la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).
La operación, realizada por US$ 32,5 millones, fue objeto de una comisión investigadora parlamentaria que comenzó en marzo y generó fuertes cuestionamientos políticos.
Mientras los partidos de la oposición sostienen que existieron irregularidades en el procedimiento, el Frente Amplio defiende que la adquisición estuvo debidamente fundamentada y respondió a los objetivos del organismo.
Finalmente, oficialismo y oposición alcanzaron un acuerdo para elevar la información a Fiscalía, aunque mantuvieron sus diferencias respecto a las conclusiones de la investigación. Ahora será la Justicia la que deberá analizar los elementos remitidos.
