El gobierno de Yamandú Orsi busca acelerar las negociaciones con HIF Global para alcanzar, antes del cierre de 2026, un compromiso de inversión que permita avanzar hacia la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos en Paysandú.
La intención del Poder Ejecutivo es evitar que las conversaciones se prolonguen indefinidamente y establecer condiciones concretas para que la empresa pueda continuar con el desarrollo de una de las iniciativas industriales más ambiciosas previstas para Uruguay.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que el Ejecutivo transmitió formalmente a la compañía su voluntad de cerrar el acuerdo antes de fin de año. Uno de los aspectos centrales de la negociación es el abastecimiento energético y el precio de la electricidad que deberá garantizar UTE.
La discusión adquirió mayor relevancia ante el crecimiento de los proyectos electrointensivos que buscan instalarse en el país y las inversiones que será necesario realizar para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica.
Uno de los principales puntos de diferencia ha sido el precio de la energía. HIF Global había planteado inicialmente acceder a electricidad a un costo de 40 dólares por megavatio hora, mientras que los valores negociados con otros grandes consumidores, como Google y Solaria, se ubican en torno a los 86 dólares por megavatio hora.
El gobierno entiende que debe preservar criterios de equidad tarifaria y evitar condiciones que puedan generar diferencias entre los grandes inversores.
Frente a ese escenario, HIF presentó un nuevo diseño conceptual que contempla una mayor participación de generación eléctrica propia, mediante parques eólicos y solares. La propuesta permitiría reducir la dependencia de la red nacional y modificar algunos de los términos de la negociación con UTE.
El presidente Yamandú Orsi señaló que se registraron avances en las conversaciones y que hubo cambios favorables en el planteo de la empresa. El proyecto contempla una inversión global estimada en unos 5.385 millones de dólares, distribuida entre la construcción de la planta industrial, los parques de generación renovable y las obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento.
La iniciativa prevé desarrollarse en cuatro módulos y alcanzar una producción de aproximadamente 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos en su etapa final.
De acuerdo con el memorando de entendimiento firmado entre el gobierno y la compañía en diciembre de 2025, la producción estará destinada principalmente a los mercados de Europa y Asia. Las primeras exportaciones estaban previstas para 2029, con ingresos estimados en unos 253 millones de dólares anuales durante la operación del primer módulo.
Con los cuatro módulos en funcionamiento, las exportaciones podrían alcanzar aproximadamente 1.012 millones de dólares al año. En materia de empleo, las estimaciones incluidas en el acuerdo contemplan alrededor de 1.400 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y unos 300 empleos permanentes una vez que el complejo industrial esté operativo.
La iniciativa también tiene una dimensión territorial relevante para Paysandú y el litoral norte. Su concreción supondría un nuevo polo de actividad industrial, con demanda de servicios, infraestructura, transporte y mano de obra especializada. En ese contexto, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha reclamado públicamente al gobierno mayor celeridad en las definiciones y garantías concretas para que la empresa pueda avanzar.
Desde HIF Global también han transmitido señales favorables. Representantes de la compañía señalaron recientemente que las negociaciones están muy cerca de alcanzar un acuerdo y expresaron su expectativa de que la firma pueda concretarse próximamente.
Sin embargo, el compromiso de inversión no representa todavía la decisión definitiva de construir la planta. Si se alcanza el entendimiento antes de fin de año, la empresa deberá avanzar posteriormente en los trámites formales de relocalización del proyecto, la promoción de inversiones y las instancias necesarias para obtener la autorización ambiental correspondiente. Según las estimaciones manejadas en las negociaciones, ese proceso podría demandar entre ocho meses y un año hasta llegar a la Decisión Final de Inversión (FID).
De esta manera, el cierre de 2026 aparece como una instancia determinante para el futuro del emprendimiento. El desafío del gobierno será compatibilizar las condiciones económicas que reclama la empresa con los costos que deberá asumir el sistema eléctrico nacional, sin comprometer la competitividad de otros proyectos de inversión.
