El Puerto de Montevideo vuelve a quedar en el centro de un conflicto sindical. La Intergremial Marítima convocó para este martes un paro con movilización y asamblea en el acceso norte de la terminal portuaria, en reclamo por la incorporación de trabajadores uruguayos a las obras de dragado, ensanche y profundización del canal Martín García.
La medida comenzó a las 9:30 hs y amenaza con generar demoras e interrupciones en el ingreso y la salida de camiones, con consecuencias para la operativa logística del principal puerto del país. La movilización busca visibilizar un reclamo que los sindicatos marítimos vienen planteando desde hace varias semanas ante las autoridades nacionales y los organismos binacionales.
El centro de la controversia es la contratación de personal para ejecutar las obras del canal Martín García. Según denunció Facundo Montaña, secretario de la Intergremial Marítima, la embarcación que realiza los trabajos cuenta exclusivamente con trabajadores argentinos, sin participación de marinos uruguayos.
La situación genera especial cuestionamiento entre los sindicatos porque se trata de una obra binacional cuyo costo asciende a 66 millones de dólares, financiados en partes iguales por Uruguay y Argentina. Cada país aporta 33 millones de dólares, pero, según la denuncia gremial, esa participación económica no se refleja en la distribución de los puestos de trabajo.
La Intergremial sostiene que se está desconociendo la Ley 19.078, que establece disposiciones sobre la participación de trabajadores nacionales en actividades de dragado. Los gremios reclaman que se garantice la incorporación de personal uruguayo y plantean que la distribución de los puestos contemple la participación de ambos países.
La empresa belga Jan de Nul, adjudicataria de los trabajos por parte de la Comisión Administradora del Río de la Plata, quedó en el centro de las críticas sindicales. En las instancias de negociación se planteó la incorporación de tres marinos uruguayos, una propuesta que fue rechazada por la Intergremial por considerarla insuficiente frente a la dimensión de la obra y el marco normativo que invocan los trabajadores.
Los sindicatos entienden que Uruguay cuenta con profesionales capacitados y con formación específica para desarrollar estas tareas, por lo que consideran que no existen razones para excluirlos de una actividad financiada parcialmente con recursos nacionales.
El conflicto también involucra a la CARP, organismo binacional responsable de la administración del Río de la Plata y de la adjudicación de los trabajos. Desde la perspectiva sindical, hubo fallas en la inclusión de las disposiciones laborales correspondientes en las condiciones de contratación de la obra.
En ese sentido, los representantes gremiales cuestionaron que las autoridades no hayan previsto adecuadamente la aplicación de la normativa uruguaya en los contratos. También señalaron dificultades para avanzar en las instancias de diálogo con los organismos responsables.
La controversia llegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se desarrollaron reuniones entre representantes sindicales, la empresa y las autoridades. La Intergremial también llevó sus planteos al Ministerio de Relaciones Exteriores y reclamó una intervención más activa del Gobierno para encontrar una solución.
La obra del canal Martín García tiene una importancia estratégica para la navegación comercial del Río de la Plata. El proyecto contempla trabajos de mantenimiento, ensanche y profundización que se desarrollarán durante los próximos cinco años, por lo que la definición sobre la contratación de personal puede tener consecuencias laborales de largo plazo para el sector marítimo uruguayo.
El reclamo sindical, por lo tanto, excede la discusión por los puestos de trabajo de la actual tripulación. Los gremios advierten que dejar fuera a los trabajadores nacionales de estas operaciones puede afectar las oportunidades de empleo y la continuidad de las capacidades profesionales del sector marítimo local.
La movilización de este martes vuelve a poner sobre la mesa la relación entre inversión binacional, cumplimiento de la legislación nacional y generación de empleo. Mientras los sindicatos exigen una participación efectiva de los trabajadores uruguayos, la empresa y los organismos involucrados deberán encontrar una salida que permita destrabar el conflicto y garantizar el desarrollo de las obras.
